Una actividad organizada, de alcance delimitado, destinada a estimular y atender el debate público sobre un tema específico con la expectativa de que informe o influya en la elaboración de políticas o en la gobernanza.

Una persona natural sujeta a las leyes y políticas de un Estado y que goza de derechos legales protegidos por ese Estado. En términos compuestos como "asamblea de ciudadanos", por ejemplo, el significado de "ciudadano" es más amplio, y no se reduce a los que tienen nacionalidad o derecho a votar en ese Estado.

El diseño y la configuración de un proceso por los participantes, ya sea entre ellos mismos, con facilitación o mediante la negociación con el promotor del debate público.

Obtención de información cualitativa con miras a modificar o confirmar una medida propuesta que esté dentro de las áreas de responsabilidad del promotor. Normalmente, el objetivo es buscar aportaciones desde una amplia gama de perspectivas. La consulta puede estar abierta al público (especialmente sobre cuestiones de política pública que pueden afectar indirectamente a todos) o a grupos o personas con intereses, conocimientos o experiencia específicos. Los encuestados se seleccionan a sí mismos.

Cualquier discurso en el que varias personas o grupos interactúan para identificar, explorar y resolver sus diferentes puntos de vista e intereses, mediante la presentación de pruebas, argumentos y valores. En este documento, este concepto más general de "debate" debe distinguirse del de un debate formal entre dos partes opuestas sobre una moción propuesta por una de ellas. (Véase también "debate público")

En este documento y en el artículo 28 del Convenio de Oviedo se utiliza el concepto general de "debate público" para describir las interacciones discursivas en la esfera pública (es decir, no en un contexto profesional) a través de las cuales los individuos y los grupos pueden identificar, explorar y resolver sus diferentes intereses en cuestiones que les afectan (o podrían afectar) a todos. (Véase también 'debate').

En el debate público invitado, una autoridad responsable invita a los miembros del público a participar en una actividad para un propósito que han definido; en el debate público no invitado, los miembros del público y las organizaciones de la sociedad civil hacen gestiones ante una autoridad responsable para efectuar un cambio.

El "diálogo público" es una forma de compromiso deliberativo entre profesionales, encargados de la formulación de políticas y no especialistas, en el que los participantes se atienden y responden mutuamente, y que tiene lugar en términos destinados a neutralizar las asimetrías de poder y conocimiento.

En esta guía, "gobernanza" significa el uso responsable del poder o la autoridad para establecer, supervisar y hacer cumplir normas y comportamientos dentro de los sistemas u organizaciones. Puede significar tanto dirigir el comportamiento de las personas como garantizar que se les exija responsabilidades. La gobernanza puede hacerse efectiva a través de medidas obligatorias y no obligatorias (disposiciones legales, sistemas de licencias, normas profesionales, códigos de conducta, recomendaciones, etc.). La gobernanza puede ser una función tanto de los agentes públicos como de los privados.

Los métodos cuantitativos reúnen información que se presenta en forma de valores numéricos (por ejemplo, el número o la proporción de personas que dan una respuesta concreta a una pregunta).

Los métodos cualitativos proporcionan información discursiva y suelen permitir la exploración en profundidad de fenómenos de interés mediante el interrogatorio y la reflexión.

Encuentros discursivos sostenidos en los que los participantes abordan una cuestión de interés común compartiendo información, examinando pruebas (hechos) y entablando una discusión mutuamente respetuosa.

El espacio de debate público; un entorno comunicativo ficticio en el que los particulares pueden formular y debatir los problemas de la sociedad que les afectan en común e influir en la política. En la práctica, puede contar con el apoyo de instituciones, como las instituciones sociales y políticas, y los medios de comunicación.

Las autoridades públicas, los expertos y los ciudadanos pueden ser considerados como participantes en una actividad o debate público.

La persona o autoridad que toma la iniciativa en una actividad de debate público (véase "debate público con o sin invitación"). El promotor normalmente proporcionará o coordinará los recursos para la actividad y podrá encargar a especialistas que faciliten o realicen la actividad en su nombre.

Muchos científicos sociales y profesionales de la participación pública prefieren el término plural "públicos" al singular "público" para evitar dar a entender la existencia de un único grupo homogéneo o que "el público" tiene una existencia objetiva independientemente de las cuestiones en discusión.

La participación de los invitados puede establecerse de manera que sea representativa de la población en general o de un subconjunto particular de la población según determinados criterios, por ejemplo, criterios sociodemográficos. El tamaño adecuado de una muestra, los criterios de representatividad y el significado que puede atribuirse a las conclusiones "representativas" requieren una cuidadosa reflexión crítica.