Los países europeos han demostrado avances en los últimos años en materia de protección de menores contra la explotación y el abuso sexual facilitado por medios tecnológicos: han mejorado las capacidades investigadoras, han aumentado el apoyo a las víctimas, han financiado unidades policiales especializadas y organizaciones de la sociedad civil y han formado a personas en contacto con menores.
Sin embargo, siguen existiendo lagunas importantes: muchos Estados aún permiten que los menores sean procesados por las imágenes sexuales que ellos mismos generan, no priorizan de forma consistente la educación sobre la respuesta penal y no disponen de servicios de apoyo integrales. Estas son las principales conclusiones de un nuevo informe publicado hoy por el Comité del Consejo de Europa encargado de controlar la aplicación del Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), que evalúa las medidas que han tomado los Estados [1] en relación con las 28 recomendaciones aprobadas en 2022.
Imágenes y videos de carácter sexual autogenerados: los menores aún pueden ser perseguidos penalmente
Una de las principales preocupaciones que expresó el Comité de Lanzarote en 2022 fue el riesgo de que los menores fueran considerados penalmente responsables por la posesión o la distribución de sus propias imágenes y videos de contenido sexual autogeneradas o las de otros menores. A pesar de las recomendaciones del comité, casi dos tercios de los Estados examinados aún permiten el procesamiento de menores por la posesión de sus propias imágenes íntimas o las de su pareja sexual menor de edad. Casi la mitad de los Estados también pueden perseguir a menores por compartir sus propias imágenes y videos sexuales. En el caso de menores que comparten imágenes o videos de contenido sexual de otros menores sin consentimiento, dos tercios de los Estados aún no requieren que se consideren previamente todas las alternativas, por ejemplo las educativas, antes de recurrir al procesamiento penal. (Leer más...)
[1] The implementation report assessed the situation in 43 States which had joined the Lanzarote Convention prior to the launch of this monitoring round in 2017.
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