El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha expresado su profunda preocupación tras la adopción por la Knéset, el 30 de marzo de 2026, de una ley que amplía el uso de la pena de muerte en Israel. Esta adopción se produce a pesar de los reiterados llamamientos a las autoridades israelíes, en particular por parte del Consejo de Europa, para que renuncien a ella.
La entrada en vigor de esta ley marcaría un mayor distanciamiento de Israel del marco de valores con el que históricamente ha decidido asociarse. Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1962. La adopción de esta ley, que amplía la aplicación de la pena de muerte en el país, representa una grave regresión.
La pena de muerte es un anacronismo jurídico incompatible con las normas contemporáneas de derechos humanos. Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda suponer un trato discriminatorio es inaceptable en un Estado de Derecho.
El Consejo de Europa se opone a la pena de muerte en todos los lugares y circunstancias. Prosigue sus esfuerzos en favor de la abolición universal de la pena de muerte, de conformidad con la Declaración de Reikiavik adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno en 2023. La pena de muerte es incompatible con los derechos fundamentales y con el respeto a la dignidad humana.
La Knéset tiene la condición de observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde 1957. Además, Israel es parte en varios convenios del Consejo de Europa y participa en varios de sus mecanismos de cooperación.
En este contexto, el Consejo de Europa seguirá de cerca la evolución de esta ley. Examinará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa de los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que este Estado participa.
