El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha publicado un estudio de impacto de la crisis del coste de la vida en los derechos sociales en toda Europa. El estudio ofrece una visión detallada de los retos a los que se enfrentan los Estados para salvaguardar los derechos consagrados en la Carta Social Europea. Formula recomendaciones a los gobiernos sobre cómo garantizar esos derechos en situaciones en las que el coste de los productos básicos aumenta mucho más rápido que los ingresos medios de los hogares.
A principios de 2022, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania perturbó gravemente los mercados mundiales, haciendo que los precios de los alimentos y la energía se dispararan debido a la especulación. Esto contribuyó a las presiones inflacionarias en un momento en que el coste de la vida ya estaba aumentando rápidamente para los hogares. La crisis del coste de la vida resultante ha afectado significativamente a la vida de los europeos. Los grupos desfavorecidos en la sociedad europea, incluidos los hogares de bajos ingresos, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, han estado especialmente expuestos y se han enfrentado a un aumento de la pobreza, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida.
Reconociendo la urgencia de la situación, en 2023 el Comité solicitó a todos los Estados Parte que presentaran información sobre las medidas que habían adoptado para mitigar los efectos de la crisis del coste de la vida.
En su análisis el Comité ofrece una visión general de las respuestas de los Estados a la crisis y les formula orientaciones y una serie de recomendaciones:
- Los Estados Parte deben diseñar y aplicar medidas específicas para los grupos más afectados por la crisis, teniendo en cuenta sus necesidades concretas.
- La protección social es un elemento fundamental de la Carta Social Europea. El aumento de la inflación ha reducido en gran medida el valor de las prestaciones y la asistencia de la seguridad social, lo que ha dejado a los beneficiarios sin recursos para cubrir sus necesidades básicas. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estas prestaciones sigan siendo adecuadas, ajustándolas para que se mantengan al ritmo de la inflación y apoyen a los grupos más afectados.
- El valor real del salario mínimo ha disminuido en numerosos países debido a la elevada inflación. El Comité deja claro que los Estados deben garantizar una remuneración justa de acuerdo con el artículo 4 de la Carta, asegurando que los trabajadores y sus familias disfruten de un nivel de vida digno. Esto incluye garantizar que los salarios mínimos se fijen en no menos del 60 % del salario medio neto nacional.
- El aumento de los costes de la vivienda y el creciente riesgo de quedarse sin hogar son problemas críticos a los que se enfrentan muchos europeos. El Comité subraya que los derechos de la Carta exigen a los Estados que garanticen que los alquileres sean asequibles y que las prestaciones de vivienda sean adecuadas en relación con los costes de la vivienda. Los gobiernos deberían aumentar las iniciativas para mejorar la oferta de viviendas sociales y reforzar la protección contra los desalojos.
- Los fuertes aumentos de los precios de la energía y los alimentos han afectado gravemente a los hogares, en particular a los de bajos ingresos. Los gobiernos deben vigilar de cerca los niveles de pobreza energética, prestar apoyo específico a los más afectados y aplicar políticas a largo plazo para garantizar un acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada.
- Los gobiernos deben llevar a cabo consultas con las personas pertenecientes a los grupos más afectados por la crisis y garantizar su participación en el diseño, la aplicación y la evaluación de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis.
El CEDS se centra en la situación de los grupos más afectados por la crisis del coste de la vida: hogares con bajos ingresos, niños, personas con discapacidad y personas mayores. Invita a los Estados Parte a adoptar medidas a medio y largo plazo basadas en los derechos para hacer frente a los efectos a largo plazo de las crisis del coste de la vida, y no solo a corto plazo (como las prestaciones en efectivo ad hoc o puntuales o los aumentos temporales de las prestaciones). El CEDS deja claro que abordar una crisis del coste de la vida de una manera coherente con los derechos de la Carta es esencial si los Estados quieren cumplir con sus obligaciones de derecho internacional en virtud de la legislación europea de derechos humanos. Las dificultades económicas no deben conducir a la erosión de los derechos sociales fundamentales, y los gobiernos deben garantizar que las políticas defiendan los principios de justicia social y solidaridad.
«La crisis del coste de la vida afecta a innumerables personas en los Estados miembros del Consejo de Europa, y sus efectos se sienten a diario. Muchos luchan por llegar a fin de mes. Esta crisis exacerba las desigualdades sociales y socava la capacidad de las personas para ejercer sus derechos en ámbitos esenciales, como la protección social, el empleo y la vivienda. Es hora de actuar para hacerle frente», subrayó Gianluca Esposito, director general de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa.
«Defender los derechos de la Carta en beneficio de todos favorece la recuperación económica y la justicia social. Garantizar que todas las personas en Europa disfruten de sus derechos relacionados con la protección social, la vivienda, el trabajo y la educación constituye una forma de contrarestar las crecientes amenazas a la democracia que se han alimentado del miedo a la disminución del nivel de vida y las oportunidades vitales», aseguró la presidenta del CEDS, Aoife Nolan.
