Hace veinte años el Consejo de Europa marcó un hito histórico: el 16 de mayo de 2005, durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Varsovia, abrió a la firma el primer tratado internacional que sitúa la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la lucha contra la trata de seres humanos. Ese mismo día, catorce países firmaron. A día de hoy todos los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Convenio, lo que lo convierte en un frente sólido y unido contra una de las violaciones de derechos humanos más graves de nuestra época. El Convenio también está abierto a la adhesión de Estados no miembros; Bielorrusia e Israel ya lo han firmado.
«El convenio del Consejo de Europa, como instrumento pionero en la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para combatir la trata de seres humanos, ha transformado nuestra manera de hacer frente a este delito», declaró la embajadora Maria Spassova, presidenta del Comité de las Partes del convenio. «Su enfoque centrado en las víctimas garantiza no solo su protección, sino también su empoderamiento y la recuperación de su dignidad».
El convenio se ha consolidado como un referente internacional, cuya relevancia trasciende las palabras. El Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) vela por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados mediante la supervisión periódica de la aplicación del convenio y la publicación de cerca de 140 informes nacionales hasta la fecha.
«Veinte años después, el convenio sigue siendo nuestra herramienta más eficaz para combatir la trata de seres humanos», afirmó Conny Rijken, presidenta del GRETA. «Sus exhaustivas disposiciones se han traducido en avances concretos en la legislación, las políticas y las prácticas nacionales, generando un impacto duradero en la forma en que los países abordan la trata de seres humanos».
A pesar de los avances logrados, la trata de seres humanos sigue representando una amenaza acuciante, impulsada por las tecnologías digitales, los conflictos armados y el aumento de las desigualdades. La lucha continúa. Los Estados Parte del convenio deben redoblar sus esfuerzos para adoptar políticas de prevención eficaces, hacer frente a las nuevas formas de explotación y mantener los derechos de las víctimas en el centro de toda respuesta. Solo con una voluntad política firme y una acción conjunta podremos poner fin a esta grave violación de los derechos humanos.
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