Con ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre de cada año, el Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrčela, ha hecho la siguiente declaración:
«Prevenir la corrupción y fomentar la integridad en la vida pública requiere apertura y transparencia. A lo largo de sus ciclos de evaluación, el GRECO ha publicado recomendaciones para los Estados sobre diversos aspectos relacionados con la buena gobernanza y el Estado de Derecho. En cuanto a la preparación de nuevas leyes y otras disposiciones reglamentarias, el GRECO ha subrayado la necesidad de establecer un mecanismo legislativo adecuado y dar cabida a la transparencia pública en lo que respecta a la manera en que evolucionan los proyectos de ley, desde que se proponen hasta que se aprueban. Los procedimientos rápidos se utilizan con demasiada frecuencia para acelerar la adopción de nueva legislación sin celebrar las consultas adecuadas con otras instituciones estatales y agentes sociales interesados, e incluso sin un debate parlamentario apropiado.
El GRECO también ha constatado que, en la práctica, a menudo no se respetan los plazos de consulta ni los procesos de presentación de observaciones, lo que hace que los plazos se acorten o las leyes se pongan a disposición para las consultas demasiado tarde para poder obtener aportaciones significativas. Esas prácticas hacen que sea menos probable que el contenido se modifique sobre la base de las observaciones del público. Deben respetarse los procedimientos de consulta y los plazos. Esto es esencial para la calidad de nuestras democracias. La transparencia es uno de los principales pilares en los que debe basarse todo esfuerzo para luchar contra la corrupción. El público tiene derecho a saber si otras partes o intereses influyen en la legislación y de qué forma. Para ello, el procedimiento legislativo debe garantizar la transparencia necesaria.
Sabemos que la corrupción puede reducirse mediante medidas preventivas específicas. Además, las mentalidades que se forman a una edad temprana perduran. Los Estados deberían proporcionar educación y sensibilización al público, en particular a los niños y los jóvenes, sobre los efectos perjudiciales que conlleva la corrupción en la vida de las personas, la confianza pública y el Estado de Derecho».
