El Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de la abogacía se ha abierto a la firma con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa organizada en Luxemburgo los días 13 y 14 de mayo. Este es el primer tratado internacional destinado a proteger la profesión de la abogacía en un contexto de crecientes denuncias de ataques a la práctica de la profesión, ya sea en forma de acoso, amenazas o agresiones, o injerencias en el ejercicio de sus labores profesionales.
El Convenio ha sido firmado por Andorra, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suecia. Bélgica, Islandia, la República de Moldavia y el Reino Unido lo firmarán el 14 de mayo.
Los letrados desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la garantía del acceso a la justicia para todos, incluida la defensa de víctimas de posibles violaciones de los derechos humanos. La confianza pública en los sistemas de justicia depende también, a su vez, del papel que desempeñen los abogados.
El Convenio para la protección de la profesión de la abogacía del Consejo de Europa ampara a los abogados y a sus asociaciones profesionales, cuyo papel es vital a la hora de defender los derechos e intereses de los abogados en tanto que profesionales. El Convenio contempla la habilitación para el ejercicio de la profesión, los derechos profesionales, la libertad de expresión, la disciplina profesional y las medidas específicas de protección para los abogado y las asociaciones profesionales.
En virtud del Convenio, los Estados deben garantizar que los abogados puedan desempeñar su labor sin ser objeto de ninguna forma de agresión física, amenaza, acoso o intimidación, ni de ningún obstáculo o interferencia indebidos. Cuando tales circunstancias puedan constituir un delito, las partes deben llevar a cabo una investigación efectiva. Las partes también deben garantizar que las asociaciones profesionales puedan operar como organismos independientes y autónomos.
Al menos ocho países, entre ellos seis Estados miembros del Consejo de Europa, deben ratificarlo para que entre en vigor. El cumplimiento del Convenio será vigilado por un grupo de expertos y un comité de las partes.
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