En su Informe de Actividad 2024 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha pedido a los gobiernos europeos que garanticen que el salario mínimo neto represente al menos el 60% del salario medio neto nacional; que pongan límites al precio de los alimentos básicos y otras ayudas específicas y que garanticen el acceso estable y asequible a la energía.
Además, ha solicitado a los gobiernos que aborden la crisis de asequibilidad de la vivienda y los riesgos de pérdida de la vivienda mediante la limitación de los alquileres, el aumento de las ayudas a la vivienda y la expansión de las viviendas sociales; y que garanticen que la Seguridad Social se actualice en función de la inflación.
Las recomendaciones son el resultado de la atención especial que el CEDS ha dado a cómo los países europeos han respondido a la crisis de los precios de consumo. El informe señala que en 2024 el CEDS realizó un análisis detallado de las medidas para combatir la crisis de los precios de consumo, basándose en los informes proporcionados por 41 países signatarios y en las contribuciones de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos. Sus conclusiones demuestran que en 2023 los precios de los alimentos aumentaron más de siete veces más rápido que los salarios, lo que afecta especialmente a las familias con menores ingresos. A pesar de que la inflación bajó en 2024, los costes de vida continuaron siendo altos, dejando al descubierto las lagunas persistentes en materia de protección salarial, vivienda y apoyo social.
El informe también analiza la evolución del procedimiento de reclamaciones colectivas y la cooperación del CEDS con otros órganos del Consejo de Europa y organizaciones internacionales. A lo largo de 2024, el CEDS aprobó un total de 12 decisiones de fondo y 12 decisiones de admisibilidad. Se registraron diez nuevas reclamaciones colectivas, presentadas por sindicatos nacionales, ONG internacionales y organizaciones patronales, contra seis países signatarios: España (4), Italia (2), Bélgica (1), Francia (1), Grecia (1) y Noruega (1).
Además de los intercambios con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comisario de Derechos Humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos de igualdad y los gobiernos nacionales, 2024 ha estado marcado por la conferencia de la Carta Social Europea que se celebró en Vilna en el marco de la presidencia lituana del Consejo de Europa. La conferencia reunió a ministros, altos cargos, dirigentes del Consejo de Europa, organizaciones internacionales, interlocutores sociales y la sociedad civil. Su resultado fue la adopción de la Declaración de Vilna, que reafirma la indivisibilidad de todos los derechos humanos y hace un llamamiento para la adopción de un marco de derechos sociales más sólido en toda Europa. Se generaron nuevos compromisos para los estados miembros, incluida la ratificación por parte de Islandia de la Carta revisada, la ratificación de las disposiciones adicionales por parte de Andorra, Irlanda y Moldavia y la promesa de Armenia de aumentar sus compromisos.
Se prevé celebrar una segunda conferencia en marzo de 2026, en Chisináu, en el marco de la presidencia moldava del Consejo de Europa.
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European Committee of Social Rights
