Un informe del Grupo de expertos sobre acción contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa (GREVIO) señala una “disminución del espacio” para las ONG que apoyan a las mujeres y las niñas en toda Europa. Esta contracción está ligada a las medidas de austeridad que recortan la financiación y a un contexto más amplio de regresión en los derechos de las mujeres.
Los defensores de los derechos de las mujeres son cada vez más objeto de violencia, amenazas y discursos de odio basados en el género, según GREVIO, el grupo de expertos independientes responsables de vigilar que las partes aplican el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul.
El análisis del GREVIO, basado en informes temáticos por países publicados recientemente, muestra que, en algunos países, un creciente clima de hostilidad está alimentando narrativas que niegan la existencia de violencia contra las mujeres y cuestionan la necesidad de políticas de igualdad de género. El GREVIO ha observado, por ejemplo, discursos que cuestionan la realidad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de políticas para atajarla, lo que es solo una parte de un retroceso más amplio de los derechos de las mujeres en muchos países que hace cada vez más difícil que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres puedan luchar por la protección de las mujeres frente a la violencia. A esto hay que añadir la falta de cooperación genuina de las autoridades con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, una cuestión que el GREVIO ha tratado en muchos de sus informes recientes y una continuación de las tendencias ya identificadas en su primera ronda de seguimiento, el procedimiento de evaluación de referencia.
El GREVIO vuelve a recordar a los Estados su compromiso en la Declaración de Reikiavik de 2023: crear entornos seguros y propicios para la sociedad civil. Sin embargo, el informe muestra que, en la práctica, muchas ONG que trabajan por los derechos de las mujeres están amenazadas desde el punto de vista financiero, social y político.
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