Hoy se ha abierto a la firma el Convenio para la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, marcando un avance histórico en la protección del medioambiente a escala global. Este convenio sienta las bases para una respuesta penal coherente de los Estados a los delitos medioambientales, incluidos los de carácter transfronterizo.
Dos Estados del Consejo de Europa, la República de Moldavia y Portugal, así como la Unión Europea, han firmado hoy el tratado.
El secretario general del Consejo de Europa Alain Berset ha instado firmemente al resto de Estados miembros a firmar y ratificar este convenio. También ha señalado que “tenemos que acelerar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos medioambientales que amenazan nuestro futuro”.
Triple crisis medioambiental planetaria
El convenio forma parte de los exhaustivos esfuerzos que realiza el Consejo de Europa en el ámbito del medioambiente, como se establece en su Estrategia sobre Medioambiente, y refleja una respuesta colectiva a la “triple crisis planetaria” del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Este nuevo tratado se centra en la dimensión penal de los daños medioambientales y establece un marco jurídico sólido para lucha contra los delitos medioambientales graves que, a veces, han quedado impunes o han sido infrafiscalizados.
Elaborado por los Estados miembros del Consejo de Europa y por contribuciones de la Santa Sede, la Unión Europea, las Naciones Unidas, INTERPOL y de la sociedad civil, este nuevo tratado envía un mensaje poderoso: la destrucción del medioambiente no es solo un fallo político, también podría constituir un delito, que precisa de herramientas jurídicas potentes y de cooperación internacional. La firma por parte de la Unión Europea confirma el apoyo de la UE al objeto del convenio.
El convenio prevé un amplio espectro de delitos medioambientales y permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provoquen desastres medioambientales equivalentes al ecocidio. Las disposiciones sobre responsabilidad de las empresas, sanciones y delincuencia organizada reflejan la naturaleza evolutiva de los delitos medioambientales y sus vínculos con las redes delictivas transnacionales. El convenio incluye un mecanismo para supervisar la aplicación y la rendición de cuentas.
El objetivo inmediato es conseguir 10 ratificaciones, de las cuales al menos ocho deben ser de Estados miembros del Consejo de Europa, el mínimo necesario para que el tratado entre en vigor. Si se logra este hito fundamental se habilitarán las herramientas jurídicas del tratado para exigir responsabilidades a los autores de delitos contra el medio ambiente. La lucha contra los delitos contra el medio ambiente no debe entender de fronteras, y el convenio también estará abierto en su momento a los Estados no miembros del Consejo de Europa.
«Instamos a los Gobiernos a que actúen con celeridad para que podamos empezar a aplicar estas protecciones vitales lo antes posible», subrayó el secretario general Berset.
Frequently asked questions on the Convention on the protection of the environment
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