“Las recientes medidas de ajuste en su política de comprobación de datos de META, que fueron seguidas por medidas similares en X, podrían tener consecuencias adversas para los derechos humanos. Las plataformas no deben retroceder ante los hechos ya que, si lo hacen, crean un vacío en el que la desinformación prospera sin control y el daño a la democracia es mayor”, ha declarado hoy el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O ‘Flaherty.
“En el centro de esta controversia se encuentra una cuestión fundamental: cómo detener la difusión de discursos nocivos al tiempo que se salvaguarda la libertad de expresión y se protegen los derechos humanos para todos. Este desafío no es nuevo, pero ha tomado mayor urgencia en los últimos años, cuando los discursos nocivos se pueden propagar más rápido que sus correcciones y los algoritmos de conformación de contenidos amplían los mensajes más polarizadores. A veces, ese nocivo discurso procede de actores estatales o personalidades cercanas a ellos, lo que provoca que los riesgos para la democracia sean aún mayores.
Es importante resaltar que combatir las falacias y prevenir la difusión de mensajes de odio o violentos no implica censura. Es un compromiso con la protección de los derechos humanos.
Como refleja la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el respeto a la dignidad individual es el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. Por ello, los Estados pueden limitar o prevenir los discursos que se difundan o apoyen el odio basado en la intolerancia, siempre que las interferencias sean proporcionales al objetivo legítimo. La prevención del discurso dañino se encuentra también contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia”.
Sobre esta base, los Estados han adoptado normas internacionales de Derechos Humanos para orientar a sus autoridades y empresas privadas a la hora de equilibrar la libertad de expresión con la obligación de proteger contra los daños. Estas normas jurídicas hacen hincapié en que las medidas para combatir la desinformación deben cumplir los criterios de transparencia, responsabilidad y compromiso de defensa de los derechos humanos.
Insto a los Estados miembros del Consejo de Europa a que redoblen sus esfuerzos y demuestren un liderazgo con principios en la aplicación de estas normas jurídicas para garantizar que los intermediarios de internet mitiguen los riesgos sistémicos de la desinformación y la libertad de expresión no controlada. Esto incluye la exigencia de una transparencia mayor en las prácticas de moderación de los contenidos, incluido el despliegue de sistemas algorítmicos. Al mismo tiempo, las medidas estatales deben permanecer fundamentadas en las normas internacionales de derechos humanos para prevenir extralimitaciones que puedan reprimir la expresión legitima. De hecho; la transparencia y la rendición de cuentas son antídotos contra la desinformación y la extralimitación.
El objetivo es proteger los derechos humanos de todos mediante un equilibrio que defienda la libertad de expresión dentro de sus bien establecidas limitaciones. Mientras prosiguen los debates sobre la moderación de contenidos, los agentes estatales, las plataformas y la sociedad civil deben colaborar para defender los derechos humanos y los principios democráticos.”
