Las máximas autoridades de los Gobiernos centrales desempeñan un papel crucial a la hora de dar ejemplo para promover una cultura de integridad y tolerancia cero frente a la corrupción en todos los niveles de la administración pública, las instituciones y el conjunto de la sociedad, según pone de manifiesto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en su informe anual de 2025, recientemente publicado.
Este compromiso debe ir acompañado de la adopción y la aplicación efectiva de marcos jurídicos e institucionales sólidos, capaces de prevenir y combatir la corrupción.
Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción
El informe del GRECO evalúa las medidas anticorrupción en toda Europa y en los Estados Unidos, destaca las principales tendencias, ofrece ejemplos de buenas prácticas y proporciona datos por países sobre la aplicación de las recomendaciones del GRECO para prevenir la corrupción y promover la integridad entre los diputados, los jueces y los fiscales, así como entre los Gobiernos centrales y las fuerzas de seguridad.
Aunque observa un avance constante, aunque a veces lento, en la aplicación de sus recomendaciones, el GRECO constata, en general, un cambio positivo hacia la incorporación de marcos de integridad en la administración pública y hacia la adopción de medidas preventivas, en lugar de dirigir la mayor parte de los esfuerzos en combatir la corrupción únicamente una vez que esta se ha producido.
Las instituciones deben ser independientes, eficaces y creíbles
El presidente del GRECO, David Meyer, afirmó: «La democracia requiere tanto un liderazgo ético como salvaguardias eficaces. En todos los Estados debe prestarse especial atención a garantizar que las reformas que afectan a las instituciones clave encargadas de prevenir y combatir la corrupción —a saber, el poder judicial, las fuerzas de seguridad, la fiscalía y los organismos especializados en la lucha contra la corrupción— mantengan su independencia, eficacia y credibilidad».
«En un momento en el que la confianza en las instituciones va en descenso y las tensiones geopolíticas van en aumento, la prevención de la corrupción no solo es una cuestión de buena gobernanza, sino también un componente clave de la resiliencia democrática. Es fundamental contar con sistemas sólidos de integridad para salvaguardar las instituciones democráticas, proteger la toma de decisiones públicas y mantener la confianza de la ciudadanía», subrayó.
«El seguimiento, la orientación y el diálogo sobre políticas del GRECO constituyen una contribución fundamental al Nuevo Pacto Democrático para Europa. Los Estados miembros del GRECO deberían proseguir con determinación sus esfuerzos de reforma y plasmar sus recomendaciones en mejoras tangibles en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la vida pública», manifestó.
Análisis de las medidas anticorrupción en el Gobierno central y en las fuerzas de seguridad
En 2025, el GRECO siguió evaluando la aplicación de sus recomendaciones relativas a los Gobiernos centrales y las fuerzas de seguridad. El GRECO dio por concluido el proceso de seguimiento de 10 países, tras constatar que se habían logrado avances suficientes, aunque también observó que persistían deficiencias significativas en muchas jurisdicciones.
A 31 de diciembre de 2025, el GRECO había publicado informes sobre 32 Estados en los que se evaluaban sus avances en la aplicación de las recomendaciones de su quinta ronda de evaluación. Los Estados habían aplicado total o parcialmente el 69,6 % de las recomendaciones relativas a los Gobiernos centrales, frente al 63 % registrado a finales de 2024. En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, la proporción de recomendaciones aplicadas total o parcialmente aumentó del 71,7 % al 77,2 %.
El GRECO concluyó que aún eran necesarias numerosas reformas en muchos países en lo que respecta a la aplicación de los códigos de conducta para los altos cargos públicos, la supervisión y el control de las normas de integridad, la gestión de los riesgos de integridad, los mecanismos para promover la integridad, el asesoramiento confidencial, la transparencia y supervisión de los contactos con grupos de presión, la transparencia en el proceso legislativo y la participación pública, el acceso a la información y la divulgación de información oficial, los conflictos de intereses, la prohibición o restricción de actividades y la declaración de bienes e intereses.
En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, el GRECO consideró que era necesario seguir avanzando en la adopción de políticas contra la corrupción y en materia de integridad, en los procedimientos de selección y nombramiento, en la gestión de los conflictos de intereses, en la prohibición o restricción de determinadas actividades, en la declaración de bienes, ingresos, pasivos e intereses, y en la supervisión y la aplicación de la normativa.
Prevención de la corrupción entre los diputados y en el sistema judicial: evaluación concluida para 36 países
En lo que respecta a la cuarta ronda de evaluación sobre la prevención de la corrupción entre diputados, jueces y fiscales, a 31 de diciembre de 2025 el GRECO había dado por concluido el seguimiento de 36 países. Los Estados habían aplicado total o parcialmente casi el 90 % de las recomendaciones. La mayor proporción de recomendaciones aún sin aplicar correspondía a los parlamentarios (15,5 %), seguidos de los jueces (8,6 %) y los fiscales (5,7 %).
En 2025, el GRECO inició las primeras evaluaciones de las medidas destinadas a combatir la corrupción y promover la integridad a nivel local y regional, en el marco de la sexta ronda de evaluación. Estonia y la República Eslovaca fueron los primeros países en ser evaluados, y les seguirán Luxemburgo, Eslovenia, el Reino Unido, los Países Bajos, Letonia y Polonia.
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El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) es un órgano del Consejo de Europa que tiene como objetivo mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción supervisando su cumplimiento de las normas establecidas para tal fin. Ayuda a los Estados a identificar las insuficiencias en las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, impulsando las reformas legislativas, institucionales y prácticas que sean necesarias. Está compuesto por los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, además de Kazajistán y los Estados Unidos.
