Declaración del secretario general Berset sobre la situación en Georgia
El Tribunal Constitucional de Georgia tiene previsto comenzar las vistas sobre una solicitud presentada por 88 parlamentarios de la mayoría gobernante para ilegalizar cinco partidos de la oposición. Sin prejuzgar el resultado de este procedimiento y respetando plenamente los principios de soberanía e independencia judicial, insto a la mayoría gobernante a que respete el pluralismo político y preserve el espacio para la oposición política.
El pluralismo político es esencial para una democracia sana y fundamental para los compromisos de Georgia como miembro del Consejo de Europa. Como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Georgia está obligada a garantizar la libertad de expresión y las libertades de reunión pacífica y de asociación. Estos derechos permiten a las diferentes fuerzas políticas organizarse, expresar sus opiniones y concurrir a las elecciones. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige una justificación especialmente convincente para disolver un partido político, con sujeción a estrictos requisitos de necesidad y proporcionalidad. Se trata de normas fundamentales del espacio jurídico común europeo al que pertenece Georgia.
La mayoría gobernante tiene una responsabilidad particular de salvaguardar estas condiciones y respetar el papel legítimo de la oposición política, tanto dentro como fuera del Parlamento. Un partido gobernante que intente eliminar los controles democráticos sobre su poder debilita al propio país al que pretende servir.
Este procedimiento tiene lugar en un contexto de crecientes restricciones a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la libertad de reunión pacífica. En su conjunto, estos acontecimientos podrían socavar los mecanismos de control y equilibrio esenciales para la gobernanza democrática en Georgia.
El Consejo de Europa seguirá de cerca la evolución de la situación y mantendrá su diálogo con Georgia para defender el Convenio y apoyar a este país en el cumplimiento de sus obligaciones, la preservación del pluralismo político y la protección de los derechos y libertades fundamentales de toda su ciudadanía.
