La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha expresado su preocupación por «las crecientes amenazas al pluralismo y a la independencia de los medios de comunicación», aludiendo al creciente control editorial del sector mediático por parte de actores políticos y económicos, la presión cada vez mayor sobre los medios de comunicación de servicio público, la aparición de «desiertos informativos» y el dominio del mercado por parte de las plataformas en línea.
En la resolución, aprobada por la Asamblea Parlamentaria a partir de un informe de Valentina Grippo (Italia, ALDE), se afirma que «la sostenibilidad de los medios de comunicación corre un gran riesgo», especialmente en lo que respecta al periodismo local, de investigación y transfronterizo. Los parlamentarios subrayan que los periodistas son vulnerables a las presiones ejercidas por fuentes de información influyentes y por sus empleadores, lo que crea un clima propicio para la censura y la autocensura.
Hay que oponerse a la injerencia política en los medios de comunicación
La resolución hace hincapié en que «la independencia editorial de los medios de comunicación debe protegerse a toda costa», y que la gobernanza y la financiación de los medios de servicio público deben regularse y supervisarse «con el fin de impedir cualquier injerencia política».
Por ello, insta a los países europeos a introducir «una obligación legal para que las autoridades nacionales de reglamentación de los medios de comunicación regulen y supervisen el pluralismo mediático en el sector audiovisual» y propone derogar o modificar las leyes utilizadas para intimidar a los periodistas, incluidas las disposiciones penales en materia de difamación y las disposiciones excesivamente amplias relativas a las «noticias falsas» o los «secretos de Estado».
Entre las medidas recogidas en su resolución, la Asamblea Parlamentaria recomienda que se dé una visibilidad adecuada a los servicios de interés general, en particular a los medios de comunicación de servicio público, en todas las plataformas, y que se proteja la integridad de los servicios de comunicación frente a la manipulación desleal por parte de las plataformas en línea. Además, invita al Comité de Ministros del Consejo de Europa a colaborar con los Estados miembros y la UE para crear una base de datos paneuropea sobre la propiedad de los medios de comunicación en todo el continente.
