La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha subrayado la necesidad de «incluir el consentimiento libre e informado en la legislación nacional en materia de prevención y lucha contra la violencia sexual». Sometió esta resolución a votación en el marco de su sesión plenaria que se celebra esta semana en Estrasburgo.
La cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales se ha considerado tabú durante mucho tiempo, pero se ha convertido en un tema «de interés político» que ya no puede dejarse de lado ni menoscabarse, según afirmaron los parlamentarios, para quienes el fomento de una cultura del consentimiento «es un elemento clave en la lucha por la igualdad de género y contra la violencia de género».
El consentimiento debe estar definido en la ley
Con el fin de incluir este principio en los marcos jurídicos, la Asamblea Parlamentaria pide en la resolución —adoptada sobre la base del informe de Zita Gurmai (Hungría, SOC)— que los países europeos «elaboren una definición jurídica exhaustiva del consentimiento en materia de violencia sexual, tal como se recoge en el Convenio de Estambul». Se recalcó la importancia de la autonomía, el acuerdo mutuo y la ausencia de coacción.
Los países deben adoptar un enfoque de «Solo sí es sí» en su legislación y garantizar que el agresor asuma la carga de la prueba. También se les pide que ilegalicen el concepto de «deber conyugal» —reconociendo así el delito de violación conyugal— y que firmen, ratifiquen y apliquen de manera íntegra el Convenio de Estambul, que establece claramente que la violencia sexual y la violación se definen por la ausencia de consentimiento.
Por último, la Asamblea Parlamentaria propuso una serie de medidas relativas a la sensibilización sobre la importancia del consentimiento, la prevención de la violencia de género y la lucha contra los estereotipos sexistas, así como la protección y el apoyo a las víctimas de violencia sexual.
«Con el fin de promover y defender una cultura del consentimiento, la legislación española relativa al "Solo sí es sí", promulgada en 2023, ha situado el consentimiento en el centro de las relaciones afectivas y sexuales», dijo la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, dirigiéndose a la Asamblea Parlamentaria durante el debate. «Sin embargo, para los tribunales sigue suponiendo un desafío tratar de demostrar la existencia de consentimiento, por lo que debemos reforzar las medidas para garantizar que no se cuestionen sistemáticamente los relatos de las mujeres», subrayó.
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