Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel fundamental en la vida democrática de toda Europa. Contribuyen a proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho, fomentan la participación pública y promueven la rendición de cuentas. A menudo, incluso complementan los servicios públicos. Sin embargo, el espacio en el que operan se ha ido reduciendo, y las OSC y los defensores de los derechos humanos se enfrentan cada vez más a medidas restrictivas e incluso, con frecuencia, a amenazas.
Creando un espacio cívico seguro
En su nueva recomendación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa insta a los Estados miembros a establecer un marco jurídico y fiscal favorable que facilite la creación y el funcionamiento de las OSC, respete su independencia y les permita perseguir sus objetivos sin injerencias injustificadas, en un espacio seguro y propicio.
La recomendación, que actualiza otra adoptada en 2007, aborda el estatuto jurídico de las OSC, su financiación y el apoyo público que reciben, la transparencia y la rendición de cuentas, así como su participación en la toma de decisiones. La recomendación generaliza el uso del término «organizaciones de la sociedad civil» en lugar de «organizaciones no gubernamentales», reconociendo la verdadera naturaleza de estas organizaciones, que son creadas por particulares con independencia de las autoridades públicas y no deben definirse por oposición a los organismos gubernamentales.
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