Las autoridades españolas han demostrado un firme compromiso a la hora de combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de los gitanos. Sin embargo, la población gitana aún sufre una situación de desventaja en la educación, el acceso al mundo laboral y a la vivienda, y su participación en los asuntos públicos sigue siendo baja. Estas son las conclusiones del comité consultivo del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, según un dictamen publicado hoy que evalúa el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en virtud de este tratado.
Avances en la inclusión de los romaníes en España
El comité consultivo acoge satisfactoriamente la aprobación en 2022 de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ya que aborda cuestiones como la segregación escolar, lo que demuestra el compromiso del país con un enfoque inclusivo en la gestión de la diversidad. Además, considera que el reconocimiento del antigitanismo como un agravante en el Código Penal en 2022 ha sido un avance esencial en la lucha contra la discriminación a los gitanos. La aprobación de la “Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030” también supone un importante paso adelante en la mejora de las condiciones de vida y la inclusión social de los gitanos.
El número de denuncias por discriminación y delitos de odio contra los romaníes sigue siendo bajo
No obstante, el comité consultivo señala que los casos de discriminación a los que se ven sujetas las personas gitanas aún son infradenunciados. Destaca que el número de denuncias sigue siendo bajo en comparación con la prevalencia de las prácticas discriminatorias a las que se enfrentan los gitanos, especialmente en materia de educación, empleo y vivienda. En consecuencia, el comité pide a las autoridades que promuevan la concienciación entre las comunidades gitanas sobre el mecanismo de reparación que ofrece la ley antidiscriminatoria.
A pesar de que la formación del personal policial y judicial en derechos humanos, en normas contra la discriminación y en el delito de odio han dado resultados positivos, el comité considera que es necesario un enfoque institucional más eficaz a la hora de detectar y responder a los delitos de odio, al discurso de odio y a la infradenuncia.
La educación y la violencia de género, motivos de especial preocupación
La situación de desventaja de los gitanos en la educación sigue siendo una preocupación importante, particularmente en lo que respecta al complejo problema de la segregación escolar. El comité urge a las autoridades a combatir la segregación de los gitanos en el sistema de educación obligatoria, aprobando políticas firmes y prestando los recursos necesarios. Además, el comité también pide a las autoridades que tomen medidas para reducir el abandono escolar temprano y el absentismo escolar entre los alumnos gitanos y que garanticen la continuidad de la educación, especialmente en el paso de la educación primaria a la secundaria. También subraya que la educación intercultural y la enseñanza de la historia y la cultura gitana debería incluirse en los planes de estudio escolares y en los materiales educativos en todas las comunidades autónomas.
Otro ámbito preocupante es la violencia contra las niñas y las mujeres gitanas. El comité ha destacado la necesidad de mecanismos eficaces para combatir los matrimonios tempranos y forzosos, y que rechacen y declaren nula cualquier justificación judicial de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la evocación de circunstancias atenuantes basadas en el “contexto cultural”, la etnia, la “raza” o la religión.
Para favorecer la inclusión de los gitanos, el comité consultivo recomienda que las autoridades mejoren y promuevan la representación de los gitanos, tanto hombres como mujeres, en la Administración General del Estado, y esto a través de medidas positivas específicas para estas personas en los procedimientos de selección de personal.
A pesar de las mejoras, en términos generales, de la situación habitacional de los gitanos, el comité consultivo señala que persiste la infravivienda y que la situación se debe tratar mediante programas de vivienda sostenible.
Problemas específicos de los romaníes no españoles
La creciente retórica antimigrante y antirefugiado no tiene un impacto significativo sobre los ciudadanos gitanos. No obstante, el comité señala que las personas gitanas no españolas se enfrentan a niveles de aceptación más bajos que las personas gitanas españolas. Los gitanos no españoles se enfrentan a desafíos concretos que es necesario tratar, incluidas las barreras idiomáticas, la falta de documentación y el acceso limitado a los servicios sociales.
Por último, el comité consultivo pide a las autoridades que aborden la perpetuación de estereotipos dirigidos contra las comunidades afectadas por el discurso de odio en las redes sociales, en particular las comunidades judías y musulmanas, a través de medidas destinadas a prevenir y combatir el discurso de odio, en estrecha cooperación con los prestadores de servicios de Internet y las comunidades más afectadas.
El Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, abierto a la firma en 1995, proporciona un sistema de supervisión en el que el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en colaboración con el comité consultivo, compuesto de expertos independientes, evalúa la aplicación del convenio por los Estados parte.
España ratificó el tratado en 1995 y se ha comprometido a aplicar sus disposiciones a los ciudadanos pertenecientes a la la comunidad gitana.
Resumen del dictamen en español
Convenio marco para la protección de las minorías nacionales
