Tras un debate de procedimiento de urgencia celebrado en sesión plenaria el 9 de abril en Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) exigió a las autoridades turcas «que pongan inmediatamente en libertad a Ekrem İmamoğlu», alcalde de Estambul, que fue detenido el 19 de marzo de 2025, puesto en prisión preventiva acusado de corrupción y destituido de su cargo. También exigió que se retiraran «todos los cargos infundados contra él y otras personas implicadas en la misma investigación» y que se revocara la decisión de la Universidad de Estambul de retirarle el título universitario.
La resolución adoptada por la APCE, basada en las propuestas de los coponentes de la APCE para el seguimiento de Türkiye, Stefan Schennach (Austria, SOC) y Lord David Blencathra (Reino Unido, CEPA), pone de manifiesto que la detención del Sr. Imamoğlu, la investigación penal en su contra y la revocación de su título le impiden presentarse como candidato presidencial. Estas decisiones contra el Sr. Imamoğlu «parecen estar motivadas por razones políticas y ser un intento de intimidar a la oposición, obstruir sus acciones, sofocar el pluralismo y limitar la libertad de debate político», afirmaron los parlamentarios.
Además, la APCE «condena enérgicamente los arrestos y detenciones injustificados de manifestantes», así como «el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades policiales» durante las protestas que siguieron a la detención de İmamoğlu, y los malos tratos infligidos a los manifestantes puestos bajo custodia. Recordó que los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión solo pueden restringirse «en determinadas condiciones previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», del que Türkiye es Estado parte, y que estas restricciones deben estar prescritas por ley y ser «necesarias en una sociedad democrática».
Ante estos «preocupantes acontecimientos, que representan un retroceso de los valores democráticos y van en contra de la voluntad del pueblo turco», la APCE exhortó a las autoridades turcas a que «respeten plenamente los derechos a la libertad de expresión y reunión, así como otros derechos humanos en el contexto de las protestas en curso»; a que pongan fin a todo uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes; a que liberen a los detenidos «por cargos infundados»; a que liberen a todos los periodistas detenidos por informar sobre las protestas; a que permitan a los medios de comunicación proporcionar al público la información necesaria; y a que garanticen un juicio justo a todos los detenidos en este contexto.
Por último, la APCE instó a las autoridades turcas a que ejecuten sin demora las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a los casos Osman Kavala, Selahattin Demirtaş (n.º 2) y FigenYüksekdağ Şenoğlu y otros, liberando a los activistas o políticos detenidos por razones políticas y «llevando a cabo una reforma integral del sistema de justicia para garantizar plenamente la independencia del poder judicial».
