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La evidencia digital en la jurisprudencia de los países de América latina.

Estimados Colegas y amigos,

Tal como hemos debatido ampliamente en diferentes foros, tanto académicos como políticos, uno de los problemas principales que afronta el sistema de justicia penal en la investigación en entornos digitales es la falta de normas procesales que regulen adecuadamente la evidencia digital. Los códigos procesal penales siguen atados a las viejas normas pensadas para la evidencia "física".

Los denominados “delitos informáticos” han significado desde su surgimiento un desafío para el sistema penal, que se ha profundizado con el constante avance tanto de las tecnologías informáticas como de las telecomunicaciones. Este desafío requirió y aún requiere de adecuaciones normativas tanto en el ámbito del Derecho penal material como del Derecho procesal penal. En los países de América Latina ha habido mayor celeridad en adecuar las normas penales de fondo a fin de tipificar los delitos informáticos que no estaban alcanzadas por los tipos penales tradicionales que en modificar los códigos procesal penales. Resulta evidente de una simple lectura de los códigos procesales que todo el sistema de prueba fue diseñado teniendo en cuenta la evidencia física y no la evidencia digital y que este esquema no se ha modificado salvo escasas excepciones. Prevalece en la jurisprudencia la posibilidad de aplicar por "analogía" las normas que regulan la evidencia física a los nuevos desafíos que plantea la evidencia digital. Así, a modo de ejemplo, si es necesario obtener archivos o documentos contenidos en un soporte informático, se utiliza para realizar la medida las normas de "registro y Secuestro" diseñadas para el allanamiento de espacios físicos.

Al mismo tiempo, advierto falencias en la capacitación de los operadores del sistema penal de América Latina sobre estas nuevas herramientas tecnológicas de investigación, aún cuando resulta creciente su influencia determinante como medio de prueba en la mayoría de las causas penales ( Desde causas por homicidio a simples amenazas y especialmente delitos complejos como cohecho, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, evasión tributaria requieren hoy, para una eficiente persecución, de evidencia digital).

Estos dos factores, la falta de una adecuada regulación normativa sumada a problemas en la capacitación de los operadores confluyen generando serios inconvenientes en la práctica de los tribunales.

Conceptos como el de dirección IP, datos de tráfico y contenido, alojamiento de información en la nube, registro y secuestro de datos en soportes informáticos, búsquedas en redes sociales, etc. se han hecho comunes en el lenguaje de las investigaciones penales aún cuando la ley no los ha regulado de manera adecuada y jueces, fiscales y abogados no han recibido capacitación sobre esta materia.

De esta manera, se produce una utilización poco eficiente de estas herramientas tecnológicas y, en algunos casos, un uso abusivo de ellas, violando garantías individuales (los medios de prensa han dado cuenta de importantes investigaciones que se pierden por nulidades en la adquisición de la evidencia digital).

Desde el sentido común parece evidente que el intento de aplicar las normas pensadas para la evidencia física a entornos digitales no puede arribar a buenos resultados.

El objetivo de este blog es compartir experiencias jurisprudenciales de diferentes países de América Latina con el fin de advertir falencias y promover buenas prácticas.

Sin intención de agotar la lista de temas, propongo como primera aproximación, compartir antecedentes jurisprudenciales sobre los temas siguientes:

- evidencia deigital y principio de libertad probatoria.

- registro y secuestro de datos en entornos digitales.

- cadena de custodia en evidencia digital.

- acceso remoto a datos.

- secuestro de mails.

 

Espero contar con vuestra colaboración.

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