Las medidas de austeridad debilitan la protección de los derechos humanos en España

Estrasburgo, 9 de octubre de 2013 - “Los recortes efectuados en los presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España. Esto ha tenido repercusiones particularmente desfavorables en el goce de los derechos humanos por los niños y las personas con discapacidad. Las autoridades españolas deberían redoblar esfuerzos para garantizar que se respeten debidamente los derechos humanos de las personas vulnerables en el contexto de las medidas de austeridad”, ha declarado hoy Nils Muižnieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicando un informe sobre su visita a España, llevada a cabo del 3 al 7 de junio de 2013.

“El incremento de la pobreza infantil, la malnutrición y la vivienda inadecuada son cuestiones que suscitan una gran preocupación, debido a sus efectos potencialmente devastadores a largo plazo tanto en los niños como en el país. Incumbe a las autoridades españolas implantar estrategias eficaces para solucionar los problemas relacionados con la pobreza y aumentar la protección de los derechos socioeconómicos”. El Comisario subraya que, a tal efecto, reviste particular importancia evaluar de manera sistemática las consecuencias de las medidas de austeridad en los niños y otros grupos sociales vulnerables, en estrecha cooperación con la sociedad civil y con los Defensores del Pueblo nacionales y regionales. Recomienda asimismo que España se adhiera a la Carta Social Europea (revisada) y su sistema de reclamaciones colectivas.

El Comisario Muižnieks advierte asimismo que los considerables recortes efectuados en los presupuestos educativos en los tres últimos años están socavando la igualad de oportunidades de los niños, al hacer más difícil que aquéllos que tienen una desventaja o dificultades específicas puedan acceder a una educación de calidad en un entorno incluyente. También realiza un llamamiento para que se mantenga la educación en derechos humanos como parte del plan de estudios, ya que “es un factor fundamental a la hora de construir una futura generación de ciudadanos activos y responsables, que constituyen la fuerza vital de una sociedad democrática”.

Además, las medidas de austeridad están empeorando las condiciones de vida y disminuyendo las oportunidades de inclusión social de las personas con discapacidad. “Las autoridades españolas deberían evaluar los efectos de los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad y ajustar las políticas, con el fin de garantizar la existencia de recursos adecuados que permitan a estas últimas acceder a la educación y al empleo.”

El Comisario expresa asimismo su preocupación por la conducta de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. “Los malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas del orden, y la impunidad de que éstos gozan constituye un asunto muy serio y de larga data por el que España ya ha sido condenada por órganos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las autoridades españolas deberían cerciorarse de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley se rijan plenamente por las normas internacionales de derechos humanos. En este contexto, la detención incomunicada ha conducido a graves vulneraciones de los derechos humanos y se debería poner fin a la misma”. El Comisario insta asimismo a las autoridades a luchar enérgicamente contra el uso de perfiles étnicos por parte de la policía, orientado particularmente hacia los migrantes, y que les estigmatiza en las operaciones de detención y registro.

También suscita inquietud el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de controlar las manifestaciones contra las medidas de austeridad, y la imposición de multas a los manifestantes. “Ello transgrede la obligación que tiene España de respetar la libertad de expresión y de reunión pacífica. También me preocupa que los números de identificación de las fuerzas del orden muchas veces no sean visibles, en particular durante las manifestaciones, ya que esto ha dificultado que se emprendan acciones judiciales y se penalice a los autores de los abusos. Los últimos cambios introducidos en el tamaño y la exposición de los números de identificación de los policías nacionales constituyen un paso adelante. Sin embargo, los números deberían llevarse de tal modo que pueda identificarse fácilmente a los agentes que los portan”.

Por último, al tiempo que subraya que la impunidad de que gozan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por los malos tratos infligidos es totalmente contraria al principio mismo de la democracia, el Comisario pide encarecidamente al Gobierno español que ponga término a “la vieja práctica de conceder indultos a quienes estén implicados en graves vulneraciones de derechos humanos, incluida la tortura, cuya protección absoluta exige que los Estados impongan sanciones efectivas”.

flèche Leer el informe
flèche Leer las observaciones de las autoridades españolas


Press contact in the Commissioner’s Office:
Stefano Montanari, +33 (0)6 61 14 70 37 ; stefano.montanari@coe.int

Keep up to date with the Commissioner on Twitter